La acreditación de carreras es un proceso mediante el cual se otorga validez y reconocimiento público a las actividades de una carrera universitaria y a la titulación derivada de ella. Se parte de cumplir requisitos básicos formulados para cada carrera con el objetivo de garantizar un determinado nivel de calidad académica.
En el mundo, a partir de diversas experiencias (nacionales o regionales) la enseñanza universitaria se acredita, es decir, se analiza según su calidad. No es un tema polémico en la experiencia comparada, porque implica mostrar la realidad: las universidades deben “rendir cuentas” a los distintos operadores con los que se relaciona en cuanto a su aporte al conocimiento y, en su caso, justificar la aplicación de los fondos que recibe del Estado. Ello tiene desarrollo no solamente a nivel de Universidades europeas y norteamericanas, sino, de manera creciente, en las universidades asiáticas que en los últimos años buscan posicionarse en investigación y desarrollo, para lo cual se comparan con estándares tradicionales.
En este contexto, en el que se destaca la Autonomía universitaria como valor y como condición de la excelencia, el Estado debe dejar de lado el rol prescindente o de control burocrático para pasar a ser un promotor de calidad de la enseñanza universitaria.
Hay diversas iniciativas a nivel Latinoamericano. Destacamos experiencias nacionales concretas en Argentina (desde hace unos 10 años), Chile, más de una agencia en Brasil. Originalmente se formularon para aplicarse a carreras de Postgrado y Doctorados. No encontramos hoy nada formalizado en Uruguay.
A nivel regional se está implementando el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario en los Países del Mercosur, Bolivia y Chile (MEXA). En Uruguay ha habido jornadas y seminarios de difusión de tales conceptos. Han transcurrido por esta experiencia, en el ámbito de la UDELAR Fac.de Agronomía, Ingeniería y Medicina; estarían ingresando a ella Veterinaria y Arquitectura.
Uno de los temas más debatidos, son los efectos jurídicos de la acreditación. En general van desde el reconocimiento para el ejercicio profesional hasta el reconocimiento en materia académica. A nivel del MEXA se ha entendido que correspondía que los efectos fueran del ámbito académico: reconocimiento del título para horizontalidad en postgrados, movilidad de estudiantes y docentes, entre otros efectos.
En el Uruguay el tema se ha debatido, desde algún tiempo atrás, en las instancias que regulan la actividad terciaria privada, con operadores públicos y privados. Se debate en el ámbito de la UDELAR.
Se encuentra pendiente de estructuración en el Sistema Universitario Nacional uruguayo la organización de la Agencia Nacional de Acreditación (ANA). Hay algunas experiencias aisladas, ad hoc, de acreditación de Carreras, con comisiones creadas a tal fin (para Ingeniería en el 2003, para Medicina en el 2005), sobre todo por exigencias a nivel Mercosur (Proyecto MEXA).
Respecto de la iniciativa de la ANA en el Uruguay habría consenso en cuanto a que debe tratarse de una entidad autónoma, que defina estándares en las disciplinas, que organice la actividad de valoración sobre la base de la autoevaluación y evaluación externa por pares con una determinada periodicidad. Entre los temas más complicados de definir están los efectos jurídicos a nivel nacional y la voluntariedad (o no) de someterse a la acreditación.
Consideramos que ni nuestra Universidad ni, por supuesto, nuestra Facultad de Derecho deben estar fuera de tal exigencia. No hay argumentos válidos para excluirse de la acreditación. No se trata de un control estatal, se trata de no mirar para otro lado
Debemos conocer la realidad. Con los parámetros y criterios de valoración internacional, que correspondan a la situación de nuestro país, sabremos cuál será el punto de partida para medir los avances. Seguramente tendremos algunas valoraciones positivas y nos fijaremos en las negativas para superarlas.
La sociedad uruguaya, que es quien financia la educación universitaria del sistema público, merece conocer la medida de los resultados a los que se llega con los recursos públicos que entrega.
No planteamos la acreditación como un resultado súbito, no pueden sucederse todas las instancias que dan lugar a la implementación del sistema en pocos meses, ni en dos años. Pero lo que no puede perderse de vista es que la Acreditación de las Carreras de la Facultad de Derecho, tanto de Posgrado como de Grado, constituye una de las metas.
El tiempo y el esfuerzo orientado a la superación permitirán que la calidad de la enseñanza de nuestra Facultad se encuentre a tono con el mundo universitario, que también tiene una lectura global cuyo seguimiento hoy facilita la circulación profesional y académica. Dentro de unos años será una condición en el plano internacional y deberemos estar preparados.
